El llamado Plan de Justicia, que inició su ejecución en julio de 2021, no es un simple documento. Es el mapa que marca el camino para recuperar condiciones dignas de vida. Entre sus pilares están el acceso a un empleo justo, la garantía de servicios médicos y la provisión constante de medicamentos. De manera paralela, se planea una inversión robusta para mejorar el suministro de agua potable, un recurso que durante mucho tiempo fue escaso o contaminado para las comunidades ribereñas.
Huelga de Cananea: Compromisos y acciones concretas para el futuro de la región
Un elemento central del plan es la puesta en marcha, prevista para enero de 2026, de nuevas obras que transformarán la infraestructura hídrica local. La construcción de un sistema renovado de agua beneficiará no solo a miles de habitantes, sino que representa también un paso hacia la recuperación ambiental después de años de abandono. Este esfuerzo público refleja la inversión de más de 2 mil millones de pesos, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, quienes han convertido esta estrategia en una prioridad para la región minera.
Los ojos están puestos ahora en el cumplimiento y avance de cada etapa del plan. Las autoridades mantienen una supervisión cercana para asegurar que las promesas se traduzcan en hechos palpables. Para la población local, estas medidas representan algo más que números; son la esperanza de un equilibrio entre justicia social y sostenibilidad ambiental, un anhelo que ha recorrido generaciones entre el polvo y las sombras de las minas.
El proceso de transformar décadas de conflictos y daños en oportunidades es lento y complejo. Sin embargo, el cierre de esta larga huelga con la firma del acuerdo marca un momento clave en la historia de Cananea y Sonora. La vigilancia continua sobre los compromisos y la participación activa de la comunidad serán fundamentales para que esta reconstrucción alcance los objetivos planteados, tanto en lo social como en lo ecológico.
