El brote de sarampión en México dejó de ser un fenómeno local desde su repunte en 2025; en febrero de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró una alerta epidemiológica por la alta incidencia en América, identificando a México como el país con más casos confirmados en el continente. La magnitud de este índice obliga a preguntarse no solo por la epidemiología, sino por la gestión pública que lo precede.
El reporte difundido el 11 de marzo de 2026 por del gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, destaca más de 13 mil casos confirmados de sarampión desde que inició el brote en 2025, con 34 muertes atribuidas a la enfermedad en todo el país y con la tasa acumulada de 64.64 casos por cada 100 mil habitantes, cuya incidencia es más notable en niños menores de un año. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1064633/Informe_diario_11_03_2026_.pdf
Esta epidemia ocurre en una nación que históricamente había sido considerada por décadas como un país libre de sarampión, por sus extensas y constantes campañas de vacunación, cuya cobertura de inmunización sistemática generó un control epidemiológico de la enfermedad. Hoy los contagios reaparecen con fuerza en los 32 estados —sobre todo en Chihuahua, donde se reportan 21 decesos — y con un patrón epidemiológico que afecta principalmente a niños de uno a nueve años y a personas de entre 25 y 34 años que presentan un esquema de vacunación incompleto.
Las autoridades de salud han respondido con la distribución de más de 26 millones de vacunas desde 2025 y la habilitación de miles de centros de inmunización en todo el país. Aun así, la baja cobertura —especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes— ha dificultado la contención efectiva del virus.
Este no es un dato menor: la ciencia reconoce que para detener la transmisión del sarampión es necesario alcanzar una cobertura de vacunación superior al 95% y México aún se encuentra lejos de ese umbral.
Cobertura de vacunación debilitada: un legado de decisiones pasadas
El resurgimiento del sarampión no es solo una falla técnica; es consecuencia de las políticas de salud pública deterioradas que enfrentan una excesiva burocracia para resolver licencias logísticas, disputas administrativas, vacíos de cobertura y —más importante aún— decisiones que han centralizado y reconfigurado los sistemas de inmunización nacional.
Si a ello le añadimos otras coyunturas —un país con violencia persistente, deficiencias en la atención primaria, escasez de medicinas y ahora un brote epidémico— los tiempos de actuación no solo importan: determinan vidas. El hecho de que en junio México sea país anfitrión de partidos en el Mundial de Futbol potencia este desafío: eventos masivos implican movilización, aforos internacionales y una obligación sanitaria global.
El sarampión no resurgió de forma espontánea: desde 2019, la cobertura de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) cayó significativamente, al pasar de tasas cercanas al 97 % en esquemas completos a niveles estimados alrededor del 71 %, cifras muy por debajo del umbral de 95 % requerido para mantener la inmunidad en la población. Expertos han señalado que la interrupción de las campañas intensivas de vacunación y los procesos tardíos de adquisición de dosis en ese año contribuyeron al debilitamiento en la prevención; aunque las autoridades han retomado iniciativas de vacunación, recuperar coberturas históricas es un reto que consumirá tiempo y recursos adicionales.
De la autosuficiencia a la dependencia: el declive de Birmex
Constituida con autonomía jurídica, financiera y administrativa, en 1999 surge Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), que representó uno de los pilares de la política sanitaria nacional. En su época dorada, la empresa paraestatal no solo tenía la capacidad de abastecer al país de vacunas esenciales —como las destinadas a sarampión, poliomielitis, tétanos y tuberculosis—, sino que también exportaba biológicos a más de 15 países, principalmente en América Latina y el Caribe. Aquella Birmex representaba un modelo de autosuficiencia estratégica: producción local, control de calidad y continuidad en el suministro, elementos clave para sostener campañas nacionales de vacunación de gran escala.
Los tropiezos por mantener una producción nacional adecuada surgieron entre 2008 y 2015, periodo donde se destinaron cerca de 957 millones de pesos en la construcción de una planta para fabricar la vacuna contra la influenza, proyecto que nunca arrancó debido a problemas de planeación, retrasos técnicos y fallas estructurales documentadas por auditorías federales. Ese episodio evidenció las dificultades del país para recobrar la capacidad industrial en producción de biológicos y marcó el inicio de una dependencia creciente de proveedores internacionales.
El punto de quiebre: la política de vacunación y pandemia
A esa fragilidad estructural se sumó un punto de inflexión en 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconfiguró el sistema de adquisiciones de medicamentos y vacunas, centralizando las compras públicas y desmantelando mecanismos logísticos que durante años habían sostenido las campañas de inmunización.
En esa época también desapareció la Semana Nacional de Vacunación, estrategia que durante décadas permitió aplicar millones de dosis en periodos intensivos y garantizar coberturas cercanas al umbral de inmunidad colectiva. Las cifras reflejan el impacto: mientras en 2018 la cobertura alcanzaba niveles cercanos al 97 % en primera dosis, al año siguiente cayó abruptamente a alrededor de 73 %, dejando millones de niños fuera del esquema completo de vacunación.
Si bien es cierto que esa ruptura en la salud preventiva no produjo efectos inmediatos visibles, con el paso de los años abrió la puerta al resurgimiento de enfermedades que México había logrado controlar, entre ellas el sarampión.
En 2020 el mundo vivió el confinamiento y restricciones de movilidad a consecuencia del Covid-19, en México el gobierno federal decidió centralizar las compras consolidadas de medicamentos e insumos. Las decisiones apresuradas, la ruptura en cadenas de suministro y la reconfiguración mal planeada en el sistema de adquisiciones impactaron directamente en la operación de Birmex, que pasó de ser un productor estratégico a un actor limitado, dependiente y con capacidades mermadas.
El resultado fue el declive operativo que no solo afectó la respuesta frente al Covid, sino que debilitó la infraestructura necesaria para sostener programas de vacunación preventiva, cuyas consecuencias hoy se reflejan en la reaparición de enfermedades que México había logrado contener.
Salud pública y grandes eventos: una ecuación compleja
2026 es un momento sensible para las políticas públicas y económicas de México, los tres niveles de gobierno se preparan para ser una de las sedes del Copa Mundial de la FIFA en junio, evento que colocará al país bajo un escrutinio internacional sin precedentes. En ese contexto, la capacidad del Estado para controlar un brote de una enfermedad prevenible por vacunación se vuelve también un asunto de reputación institucional, los eventos masivos amplifican riesgos sanitarios y exigen sistemas de vigilancia robustos, campañas intensivas de inmunización y coordinación efectiva entre autoridades. De lo contrario, el país corre el riesgo de enfrentar no solo una crisis epidemiológica, sino también un cuestionamiento internacional sobre la solidez de su sistema de salud.
