La violencia contra las mujeres no es una estadística aislada: es una crisis estructural que el Estado no ha logrado contener. A pesar de avances legislativos y discursos institucionales, la realidad revela una deuda persistente: en México miles de mujeres asesinadas, desaparecidas y familias enteras son condenadas a sobrevivir sin justicia ni apoyo suficiente.
Feminicidios: cifras que evidencian la crisis
El artículo 325 del Código Penal Federal de México establece que: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”, es decir, cuando se identifiquen signos de violencia sexual, lesiones/mutilaciones, antecedentes de violencia familiar/laboral/escolar, relación sentimental, amenazas, acoso, incomunicación de la víctima o exista exposición del cuerpo en lugar público. La pena se agravará cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, o cuando el agresor sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.
El protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género de la ONU, recomienda que todos los decesos de mujeres provocadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género para determinar si hubo o no, estas razones en la causa de la muerte.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2024 hubo 855 feminicidios y al cierre de 2025 se contabilizaron 725 víctimas de este delito en México. Si bien la cifra representa una ligera variación respecto a años anteriores, el problema de fondo permanece: la violencia feminicida no disminuye de manera estructural.
A estos datos se suman más de 2,073 homicidios dolosos de mujeres en el año pasado, y las organizaciones civiles denuncian que varios de ellos no son investigados bajo el protocolo de feminicidio, lo que evidencia una subclasificación del delito.
Más allá de la tipificación del feminicidio en el marco legal mexicano, el principal obstáculo para su correcta investigación y sanción no radica en la ley, sino en las deficiencias estructurales del propio sistema de justicia. Fiscalías sin personal suficiente ni especializado, errores periciales, falta de análisis del contexto de violencia y ausencia de perspectiva de género configuran un entorno donde la impunidad se reproduce de forma sistemática.
Familias rotas: el costo invisible de la violencia
A la precariedad institucional se suma una constante: la revictimización por parte del Estado. Desde el primer contacto con autoridades, familiares de víctimas enfrentan negligencia, trato insensible y obstáculos burocráticos que no solo retrasan la justicia, sino que profundizan el daño emocional. La omisión de protocolos, la equivocada clasificación de delitos —frecuentemente registrados como suicidios o lesiones— y la pérdida de evidencia debilitan los casos y favorecen la impunidad.
Cuando una mujer es asesinada o desaparece, la violencia ejercida se expande hacia su entorno más cercano: madres que se convierten en buscadoras e investigadoras, hijas e hijos que crecen en la orfandad, sin protección emocional ni sustento económico, familias que enfrentan un sistema burocrático que revictimiza.
En mayo de 2025 la SCJN estableció que los padres de niñas y adolescentes víctimas de feminicidio deben ser reconocidos como víctimas indirectas, con derecho a una reparación integral del daño. La obligación de ejecutar esta protección por parte del Estado implica que existan mecanismos e instituciones con capacidad suficiente para llevar a cabo la investigación, sanción y reparación integral del daño para los familiares de las mujeres asesinadas.
El artículo 4º de la Ley General de Víctimas clasifica a las víctimas como directas, indirectas y potenciales; respecto de las indirectas señala que son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “se encuentra en crisis por la reducción de su presupuesto, lo que impide cumplir varias de sus obligaciones y compromisos… existe una deficiencia generalizada para investigar, sancionar y reparar integralmente a las víctimas de feminicidio y de tentativa, lo que hace patente la impunidad que existe. En cuanto a la investigación, la mayor parte de las fiscalías de nuestro país realizan investigaciones deficientes, sin la debida diligencia y sin perspectiva de género, lo que las condena a ser infructuosas y a obstaculizar el acceso a la verdad histórica para las víctimas.”
El impacto de estas fallas es profundo y multidimensional porque las familias afectadas no solo enfrentan la pérdida de uno de sus integrantes, sino también sufren un desgaste emocional prolongado marcado por miedo, frustración, culpa e incertidumbre. El tortuguismo de las investigaciones impide llevar a cabo un adecuado proceso de duelo porque se merma su estabilidad económica, obligándolas en muchos casos a abandonar empleos o asumir los costos de la asesoría legal, atención médica y búsqueda de justicia.
La falta de atención integral es evidente: la mayoría de las entidades no cuentan con modelos efectivos de acompañamiento y el acceso a servicios psicológicos, médicos o de asistencia económica es limitado, tardío o inexistente. Esta ausencia impacta especialmente a víctimas indirectas en la etapa de infancia o adolescencia que viven en la orfandad, quienes enfrentan secuelas emocionales más severas sin recibir atención especializada suficiente.
En México la violencia de género no concluye con la pérdida de la vida: la agonía se prolonga con la falta de respuesta institucional. Cuando el Estado no proporciona una protección efectiva y no ofrece la reparación integral del daño, con ello no solo incumple con sus obligaciones, sino que profundiza la vulnerabilidad de las víctimas, evidenciando que la deuda con las mujeres también es estructural, sistemática y persistente.
Historias que reflejan el dolor colectivo
La investigadora mexicana Marcela Lagarde considera que el feminicidio es el acto de matar a una mujer sólo por el hecho de pertenecer al sexo femenino y le confiere un significado político al denunciar la falta de respuesta por parte de la autoridad, al representar “una fractura en el estado de derecho que favorece la impunidad” por el incumplimiento de sus obligaciones al no ofrecer las garantías elementales en materia de derechos humanos, además de omisión en las investigaciones y sanción del crimen. La negligencia de la autoridad origina la impunidad en el delito, que se refleja en el abandono de víctimas indirectas como en estos terribles casos:
- Rubí Frayre Escobedoasesinada a los 16 años por su pareja sentimental en 2008 en Ciudad Juárez, a pesar de la confesión de su agresor, fue absuelto en un primer juicio por fallas procesales, lo que evidenció graves deficiencias en el sistema de justicia. Esta impunidad detonó la lucha incansable de su madre, Marisela Escobedo, quien exigió justicia mediante protestas públicas y logró que se reactivara la búsqueda del responsable.
- Sin embargo, la negligencia institucional también marcó su historia y a pesar de las reiteradas amenazas en su contra, las autoridades no lograron garantizar su protección y en 2010,Marisela Escobedo fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras continuaba la exigencia de justicia para su hija. Su lucha exhibe la incapacidad del Estado para sancionar el feminicidio y las fallas en el sistema de protección a las víctimas indirectas que se exponen a la violencia e impunidad contra las mujeres en México.
- Lesvy Berlín Osorio, estudiante del CCH plantel Sur de la UNAM. Su muerte ocurrida en mayo de 2017 se convirtió en un caso emblemático de la lucha contra la violencia de género y la negligencia institucional. Inicialmente las autoridades capitalinas intentaron clasificar su muerte como suicidio, divulgando información que además revictimizaba a la joven. Derivado de la presión social de compañeros, movilización de colectivos feministas y la exigencia de su familia, las autoridades se vieron obligadas a reabrir la investigación con perspectiva de género. Los nuevos peritajes determinaron graves inconsistencias en la versión oficial, lo que llevó a reclasificar el caso como feminicidio. Finalmente, su entonces pareja fue hallado culpable, procesado y sentenciado, marcando un precedente sobre la importancia de investigar todas las muertes violentas de mujeres bajo el protocolo de feminicidio.
- María José Castillofue asesinada a los 17 años en abril de 2024 en su vivienda ubicada en la alcaldía Iztacalco. Su madre sorprendió a Miguel Castillo en plena flagrancia y al tratar de defender a su hija, recibió heridas mortales, afortunadamente logró sobrevivir. Las investigaciones llevaron a la detención del homicida y la autoridad lo vinculó con otros crímenes, perfilándolo como presunto asesino serial. Durante el proceso judicial, la familia además de enfrentar el duelo también sufrió el acoso sistemático del agresor: además de que la madre fue víctima directa de tentativa de homicidio, la hermana de María José recibió llamadas intimidatorias evidenciando la omisión de las autoridades al no proporcionar medidas efectivas de protección a las víctimas. Un año más tarde, dentro del reclusorio Oriente se reportó la muerte de Miguel Castillo por un aparente suicidio, lo que interrumpió el acceso a una sentencia condenatoria y profundizó la impunidad del sistema.
Estos feminicidios son solo una muestra de numerosos casos donde la familia no solo llora a sus hijas, madres, esposas o hermanas; también sostienen una lucha difícil para obtener la reparación del daño, que en muchas ocasiones el Estado no ha sabido asumir.
El impacto que no se ve: duelo, trauma y vulnerabilidad familiar
Cada historia comprueba que la violencia no concluye con la privación de la vida en sí, sino que prolonga el sufrimiento para las víctimas indirectas, sobre todo en el núcleo familiar.
En el caso de María José, su madre y hermana no solo enfrentan la tristeza natural del duelo, sino también la carga de exigir justicia en un sistema que ha fallado en proteger, investigar con debida diligencia y sancionar de manera efectiva. Su historia retrata un patrón estructural en el que la negligencia institucional y la falta de garantías por parte de la autoridad no solo impiden el acceso a la justicia, sino que profundizan el daño y mantienen a las familias en una condición de vulnerabilidad permanente.
La ausencia detona impactos profundos y duraderos en el entorno familiar, cuyos efectos pueden manifestarse incluso meses después del crimen. Los duelos son complejos: transitan entre el dolor, la rabia, la impotencia y una soledad persistente que, lejos de atenuarse, suele intensificarse con el tiempo. A ello se suman sentimientos de culpa y afectaciones en la salud mental, como estrés agudo, ansiedad e insomnio, acompañadas de síntomas físicos que alteran la vida cotidiana.
En escenarios de revictimización institucional, estas afectaciones se agravan; la falta de respuesta de las autoridades, la impunidad y la prolongación de los procesos judiciales incrementan el desgaste emocional, económico y social de las familias. No solo enfrentan la pérdida: deben reorganizar su vida, asumir el cuidado de hijas e hijos en orfandad, sostener el hogar y simultáneamente, emprender una búsqueda de justicia que el gobierno debería garantizar.
Estas muertes violentas también fracturan el proyecto de vida de quienes sobreviven. La exigencia de justicia, sumada al deterioro de la salud y las condiciones económicas, limita sus oportunidades de desarrollo y profundiza las desigualdades. En este contexto, la negligencia y omisión institucional impiden una reparación integral, confirmando que la violencia feminicida no termina con la muerte, sino que se extiende en el abandono del Estado y en la existencia rotas de quienes permanecen reviviendo un recuerdo trágico.
8M El Feminismo y la Iconoclasia
Cada 8 de marzo se conmemora Día Internacional de la Mujer, fecha reconocida oficialmente por las Naciones Unidas en 1977 que representa un la memoria, resistencia y fortaleza del género femenino. En América Latina las mujeres se manifiestan en las calles para denunciar la persistente violencia y discriminación que enfrentan, exigiendo principalmente justicia, respeto, seguridad e igualdad de género.
En México, la marcha feminista adquiere mayor dimensión a través de los años debido al aumento incontrolable de la violencia contra las mujeres: en marzo de 2026, las diversas organizaciones civiles apuntan a más de 100 mil participantes que se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, en una de las movilizaciones más numerosas de los últimos años, para exigir justicia, seguridad y el fin de la impunidad.
En este contexto, la iconoclasia —entendida como la intervención a monumentos, símbolos y espacios públicos— a lo largo de la historia ha sido utilizada como una forma de expresión que busca visibilizar una grave crisis de inseguridad que durante años ha sido ignorada, bajo la lógica clara: cuando las instituciones son omisas y no escuchan la voz ciudadana, emerge como legítima protesta que busca romper la pasividad para volverse visible. Lejos de tratarse de actos vandálicos, estas expresiones responden a una necesidad de ser escuchadas en un país donde las instituciones han fallado en garantizar la vida y la seguridad de las mujeres.
Con el aumento de feminicidios y la escala de violencia hacia las mujeres, es preocupante que la indignación social por la iconoclasia del 8M se concentre con mayor fuerza en una escultura intervenida que en los miles de víctimas de feminicidio, infanticidio, abuso sexual y violencia de género. El movimiento feminista no destruye por destruir: interpela, incomoda y exige atención, recordando que el verdadero daño no está en los monumentos, sino en la violencia sistemática que sigue cobrando más vidas con total negligencia e impunidad.
La deuda del gobierno mexicano con las mujeres no puede ser medido únicamente en cifras, estadísticas o en expedientes sin resolver; deben ser visibles las ausencias, los homicidios, la escala de violencia, la inseguridad y cumplir con la reparación del daño para aquellas familias que lo siguen esperando.
Mientras la justicia no sea una garantía y las calles sigan siendo la vía más viable que las mismas instituciones para exigir derechos, México seguirá siendo un país donde ser mujer implica vivir en constante riesgo.
Cada 8 de marzo no se celebra: se recuerda a las víctimas, se exige justicia a las instituciones, se denuncia la impunidad, se reconoce el trabajo de cada mujer y se le pone nombre a lo que duele para sanarlo de manera colectiva y la sororidad nos acompaña.
