La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha colocado en el centro del escrutinio internacional al gobernador de Sinaloa en funciones, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por la Fiscalía de Nueva York por su presunta colaboración con “Los Chapitos”, encabezado por los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera.
De acuerdo con fiscales estadounidenses, los implicados habrían tejido durante años una relación de conveniencia con una de las organizaciones criminales más poderosas del continente, facilitando el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos, financiamiento y protección política.
La acusación es políticamente explosiva para el partido en el poder, ya que apunta directamente a la supuesta cercanía de Rocha Moya con una organización criminal fortalecida en los últimos años, en un contexto de inseguridad donde el Estado de derecho ha mostrado su vulnerabilidad y la inversión extranjera se ha tambaleado.
Su llegada a la gubernatura en 2021 no puede desvincularse del respaldo de Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó su candidatura bajo la bandera de Morena. Rocha capitalizó el efecto arrastre del obradorismo en uno de los estados históricamente más golpeados por el narcotráfico.
El Mayo, el blanco clave para el FBI
Desde décadas atrás, el tablero criminal en Sinaloa ya se encontraba fracturado tras la recaptura, en 2016, y extradición, en 2017, de Joaquín Guzmán Loera. El Cártel de Sinaloa dejó de operar como una estructura monolítica.
La ruptura entre los hijos del Chapo e Ismael “Mayo” Zambada detonó una disputa interna que reconfiguró las dinámicas de violencia, control territorial y rutas del narcotráfico.
En este contexto emerge uno de los episodios más delicados: la presunta participación de Rocha Moya en la captura del “Mayo” Zambada García y su eventual entrega a autoridades estadounidenses en julio de 2024.
Aunque los detalles permanecen en la opacidad, el señalamiento alimenta una narrativa incómoda: la posible interacción entre estructuras de poder político local y operaciones de inteligencia transnacional.
A este entramado se suma el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y figura clave en la política local. Su crimen, ocurrido en circunstancias aún complejas y no esclarecidas, ha profundizado la percepción de opacidad en el ejercicio del poder en el estado.
La acusación contra Rubén Rocha Moya se inserta en una lectura más amplia desde el entorno de Donald Trump: la persistente vulnerabilidad de gobiernos locales frente al crimen organizado en regiones estratégicas como Sinaloa.
La dimensión diplomática aumenta la tensión bilateral
Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores habría recibido una solicitud de extradición contra Rocha Moya, lo que eleva el caso a un terreno de alta sensibilidad diplomática y jurídica.
Desde el frente federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con cautela. Sus recientes declaraciones han enfatizado la necesidad de pruebas y el respeto al debido proceso, al tiempo que rechaza cualquier intento de injerencia externa en asuntos internos.
Días antes de que estallara esta polémica, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, había advertido desde Sinaloa sobre los efectos de la corrupción y la extorsión como obstáculos directos para la inversión.
En ese sentido, la acusación contra Rocha Moya no puede leerse de forma aislada. Se inserta en un momento crítico para la relación México–Estados Unidos, donde el combate al narcotráfico, la estabilidad institucional y la certidumbre jurídica son condiciones indispensables para sostener la cooperación bilateral.
El factor electoral 2027
El horizonte político tampoco ofrece tregua. México se encamina hacia 2027, un año electoral de gran calado en el que se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de dos mil presidencias municipales y, de forma inédita, se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial.
En ese contexto, los señalamientos que hoy pesan sobre Sinaloa podrían escalar hasta convertirse en un factor de presión internacional, desgaste interno y reconfiguración del debate público.
El verdadero dilema no es únicamente si las acusaciones prosperan o se diluyen, sino qué revelan sobre el estado actual del poder en México.
De cara a la revisión del T-MEC y a un proceso electoral que redefinirá el mapa político nacional, deberá observarse con atención si la política local puede convertirse en un punto de negociación o fricción internacional. La delgada línea entre soberanía y vulnerabilidad institucional parece volverse cada vez más difusa.
