La Secretaría de Educación Pública destinó 15.3 millones de pesos a cursos de imagen personal, coaching y negociación para sus funcionarios, de acuerdo con información publicada por El Universal. El gasto, que proviene de recursos federales asignados a una de las instituciones con mayor presupuesto del gobierno mexicano, abre una discusión legítima sobre las prioridades de gasto en un sector donde las carencias estructurales siguen siendo profundas y documentadas.
No se trata de un escándalo de proporciones monumentales, pero tampoco de un gasto menor. En un sistema educativo que enfrenta rezagos en infraestructura escolar, formación docente y cobertura en zonas marginadas, la decisión de invertir millones en la apariencia y las habilidades blandas de los cuadros administrativos merece ser leída con atención. La pregunta no es si los funcionarios deben capacitarse, sino qué tipo de capacitación justifica el erario y bajo qué criterios se asigna.
Qué incluye el gasto y cómo se distribuye
Según la información disponible, los recursos se destinaron a programas de coaching, técnicas de negociación y cursos de imagen personal para servidores públicos de la dependencia. La combinación de esas tres categorías resulta llamativa: mientras el coaching y la negociación pueden tener cierta justificación en contextos de gestión institucional, la imagen personal es un rubro que difícilmente encuentra sustento en los criterios de austeridad que el propio gobierno federal ha proclamado como política de Estado.
La cifra de 15.3 millones de pesos no es trivial en términos relativos. En un año en que el presupuesto educativo ha enfrentado presiones y en que diversas escuelas públicas operan con recursos insuficientes para mantenimiento básico, el destino de esos fondos contrasta con el discurso institucional sobre el uso responsable del gasto público.
El gasto administrativo frente a las prioridades del sistema educativo
México tiene uno de los sistemas educativos más grandes del mundo por número de estudiantes y planteles. También es un sistema con deudas conocidas: escuelas sin agua potable, aulas en deterioro, maestros con acceso limitado a formación continua de calidad y comunidades rurales con cobertura deficiente en niveles medios y superiores.
Frente a ese panorama, el gasto en imagen personal de funcionarios administrativos no solo genera una tensión de prioridades, sino que expone una lógica de gestión interna que parece desconectada de la misión sustantiva de la secretaría. La SEP no administra hoteles ni empresas de relaciones públicas: administra la educación pública de un país. Eso debería incidir directamente en cómo define lo que es un gasto justificable para sus cuadros.
Austeridad republicana y sus límites prácticos
El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha mantenido el discurso de austeridad republicana heredado de la administración anterior. Ese principio implica, al menos formalmente, que el gasto público debe orientarse hacia las funciones esenciales del Estado y no hacia el confort o la representación de los servidores públicos.
La información sobre el gasto de la SEP en imagen personal y coaching apunta a una brecha entre ese discurso y la práctica presupuestal concreta. No es un fenómeno nuevo en la administración pública mexicana, pero sí es relevante cuando ocurre en una dependencia que maneja uno de los presupuestos sectoriales más altos del país y que opera bajo un mandato social explícito. El principio de austeridad, si tiene algún sentido operativo, debería ser más estricto en los rubros que menos se relacionan con el servicio directo a la ciudadanía.
Transparencia y rendición de cuentas en el gasto educativo
Que esta información haya llegado al conocimiento público es, en sí mismo, un dato positivo. Los mecanismos de transparencia presupuestal y el trabajo de medios como El Universal permiten identificar patrones de gasto que de otra forma permanecerían invisibles dentro de la opacidad burocrática.
Sin embargo, la divulgación no es suficiente si no va acompañada de revisión institucional. La Secretaría de la Función Pública y los órganos de fiscalización tienen instrumentos para evaluar si este tipo de erogaciones cumple con los criterios de racionalidad, austeridad y utilidad pública establecidos en la normativa. El hecho de que el gasto sea legal no lo convierte automáticamente en pertinente.
La rendición de cuentas en materia educativa suele concentrarse en resultados de aprendizaje, cobertura o eficiencia terminal. Pero el gasto administrativo interno también es parte del desempeño institucional y merece el mismo nivel de escrutinio. Los recursos públicos no tienen un origen diferente según el rubro en que se gasten: todos provienen de los contribuyentes y de las transferencias que el Estado asigna con base en necesidades sociales.
Una señal sobre cómo se gestionan las instituciones educativas
Más allá del monto específico, este episodio ofrece una ventana hacia las dinámicas internas de una secretaría de Estado. Los cursos de coaching y negociación para funcionarios no son exclusivos de la SEP ni son una novedad en la administración pública mexicana. Han sido una constante en distintas dependencias, distintos sexenios y distintos gobiernos, lo que sugiere una cultura institucional que valora la formación gerencial de sus cuadros medios y altos con independencia del contexto político.
El problema no es necesariamente la capacitación en sí, sino la falta de criterios públicos y auditables sobre qué tipo de formación se justifica, cuánto debe costar y cómo se mide su impacto en el desempeño institucional. Sin esos criterios, el gasto en imagen personal de funcionarios queda en un espacio opaco donde lo legal y lo conveniente no siempre coinciden.
Las instituciones públicas se legitiman, en última instancia, por lo que producen para las personas que dependen de ellas. En el caso de la SEP, esas personas son millones de estudiantes, maestros y familias que esperan que cada peso del presupuesto educativo esté orientado, con seriedad, hacia mejorar algo concreto en sus vidas. Ese criterio, sencillo en su enunciado, sigue siendo el más difícil de aplicar con disciplina dentro de la burocracia.
