La Universidad Nacional Autónoma de México ha reafirmado su compromiso con la transparencia y protección de datos personales en un momento en que el andamiaje institucional que sostenía esos derechos en México atraviesa una transformación sin precedentes. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales —el INAI— dejó un espacio normativo y operativo que todavía no termina de redefinirse, y la postura de la UNAM en ese contexto no es un gesto menor.
Que una de las instituciones de educación superior más grandes e influyentes de América Latina decida colocarse activamente en el debate sobre acceso a la información pública dice algo sobre el momento político que vive México. No se trata únicamente de una declaración de principios universitarios. Se trata de una señal sobre qué instituciones están dispuestas a sostener estándares democráticos cuando los organismos autónomos diseñados para ello han sido desmantelados o absorbidos por el Estado central.
El vacío que dejó el INAI y lo que aún no se resuelve
El INAI fue creado para funcionar como árbitro independiente entre el ciudadano y el Estado en materia de acceso a la información y privacidad. Su desaparición, integrada en una reforma más amplia que modificó el mapa de organismos autónomos en México, no eliminó las obligaciones constitucionales que le daban sentido: el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales siguen siendo garantías reconocidas en la Constitución.
Lo que cambió es quién las custodia y con qué grado de independencia. Las funciones del INAI fueron transferidas a instancias del gobierno federal, lo que genera una tensión estructural difícil de ignorar: los mismos sujetos obligados a rendir cuentas participan ahora, directa o indirectamente, en la arquitectura que evalúa esa rendición de cuentas. El hecho apunta a un rediseño institucional cuyas consecuencias prácticas para el ciudadano común todavía están por verse con claridad.
Por qué la UNAM ocupa este espacio
La UNAM no es un actor neutral en el debate público mexicano, pero tampoco es un actor partidario. Su autonomía constitucional le permite pronunciarse sobre temas de interés nacional sin estar sujeta a las disciplinas políticas que condicionan a otras instituciones. En ese sentido, su involucramiento activo en la promoción de la transparencia y la protección de datos personales tiene un peso simbólico e institucional que va más allá de sus obligaciones legales como sujeto obligado.
La universidad puede convertirse en un espacio de formación, discusión y presión normativa en un momento en que los organismos especializados han perdido su carácter autónomo. Esto no significa que la UNAM sustituya al INAI ni que deba hacerlo. Significa que su voz en este debate puede contribuir a sostener una conversación pública informada sobre derechos que, sin instituciones que los defiendan activamente, tienden a debilitarse en la práctica.
La decisión institucional se inscribe también en una tradición universitaria de participar en la vida pública del país cuando considera que valores fundamentales están en discusión. No es la primera vez y probablemente no será la última.
Los retos concretos que enfrenta México
Más allá del debate institucional, la protección de datos personales enfrenta en México desafíos técnicos y políticos que no desaparecen por decreto. El crecimiento del gobierno digital, la digitalización de trámites, la expansión de bases de datos gubernamentales y la proliferación de plataformas privadas que operan en el país generan una acumulación de información personal cuya regulación requiere capacidad técnica, voluntad política y mecanismos de control efectivos.
Sin un organismo autónomo especializado, esa regulación depende ahora de la buena fe y la capacidad técnica de las instancias que heredaron las funciones del INAI. El tema abre una discusión sobre si esa arquitectura institucional es suficiente para garantizar derechos que, en su naturaleza, requieren de un contrapeso real frente al poder del Estado y de los grandes operadores privados de datos.
La información disponible permite observar que los retos no son menores: México no tiene todavía una legislación de protección de datos personales actualizada a los estándares internacionales más recientes, y la supervisión efectiva de empresas tecnológicas globales que operan en el territorio nacional sigue siendo un asunto pendiente.
La transparencia como práctica, no solo como discurso
Uno de los riesgos que enfrentan los derechos de acceso a la información y privacidad en cualquier democracia es su conversión en retórica: se proclaman, se celebran, se incorporan a los documentos institucionales, pero su ejercicio práctico se vuelve cada vez más difícil. Los plazos de respuesta se extienden, los recursos se complican, las excepciones se multiplican.
La UNAM, al promover activamente estos derechos, asume implícitamente que la transparencia es una práctica institucional sostenida, no una declaración de principios. Eso implica también una exigencia hacia adentro: la universidad misma es un sujeto obligado con una cantidad significativa de recursos públicos, contratos, decisiones académicas y administrativas que deben ser escrutables.
La coherencia entre el discurso y la práctica es, en este caso, parte del mensaje. Una institución que promueve la transparencia tiene que estar dispuesta a ser transparente ella misma, y ese estándar aplica con la misma intensidad para universidades que para dependencias de gobierno.
Lo que queda después del INAI
México perdió con el INAI algo más que una sigla institucional. Perdió un mecanismo de resolución de controversias entre ciudadanos y Estado que tenía lógica propia, jurisprudencia acumulada y una especialización técnica construida durante años. Reconstruir esa capacidad, aunque sea bajo otro nombre y otro diseño, requiere tiempo, recursos y, sobre todo, convicción política de que la rendición de cuentas es una condición del buen gobierno y no un obstáculo para él.
En ese escenario, voces institucionales como la de la UNAM cumplen una función que no es menor: recordar que esos derechos existen, que tienen respaldo constitucional y que su ejercicio efectivo depende de que alguien, dentro del sistema, esté dispuesto a defenderlos. No como militancia, sino como parte de lo que significa ser una institución pública en un Estado que se pretende democrático.
