La pregunta que Melissa Ayala plantea en su columna publicada en El Universal no es nueva, pero sigue siendo incómoda: ¿puede el Estado obligarnos a vivir? El derecho a morir, o más precisamente el derecho a decidir sobre el final de la propia vida, se mantiene como uno de los debates más exigentes que enfrentan las instituciones contemporáneas. No solo porque involucra valores profundamente personales, sino porque toca los límites reales del poder público sobre los cuerpos, la autonomía y la dignidad humana.
La pregunta importa porque no se queda en el plano filosófico. Tiene consecuencias legales, médicas y políticas concretas. En México, como en buena parte de América Latina, el marco normativo que regula el final de la vida sigue siendo parcial, fragmentario y, en muchos casos, contradictorio. Mientras algunos estados han avanzado en legislar sobre cuidados paliativos y voluntades anticipadas, la discusión sobre la eutanasia o el suicidio asistido permanece atrapada entre silencios institucionales y resistencias culturales que pocas veces se nombran con claridad.
Autonomía individual frente al poder del Estado
El núcleo del debate es una tensión clásica en teoría política: hasta dónde llega la autoridad del Estado para regular la vida privada de las personas. Cuando esa regulación alcanza la decisión de morir, la tensión se vuelve insostenible para muchos marcos jurídicos. La pregunta no es si el Estado tiene legitimidad para proteger la vida; la tiene, y esa es una función reconocida universalmente. La pregunta más difícil es si esa protección puede convertirse en una imposición cuando la persona ha decidido, de forma consciente e informada, que ya no quiere continuar viviendo.
Los sistemas jurídicos que han enfrentado este dilema con más seriedad, como los de Países Bajos, Bélgica, Canadá o Colombia, han optado por construir marcos regulatorios que intentan equilibrar la protección de los vulnerables con el respeto a la voluntad individual. No han resuelto el debate, pero han demostrado que es posible legislar sobre él sin que las instituciones colapsen ni la sociedad se fracture. Eso, en sí mismo, es una señal política relevante para los países que aún evitan el tema.
México y el vacío legal en torno a la muerte digna
En México, la Ley de Voluntad Anticipada existe en varias entidades federativas y permite a las personas rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida en estado terminal. Es un avance real, pero limitado. El debate sobre la eutanasia activa o el suicidio médicamente asistido prácticamente no ha llegado al Congreso con la seriedad que merece. Las discusiones se han dado más en tribunales, columnas de opinión y foros académicos que en el espacio legislativo donde deberían procesarse.
Ese vacío no es neutral. Tiene efectos concretos sobre personas reales: pacientes en condición terminal que no tienen opciones reconocidas por la ley, familias que deben tomar decisiones sin respaldo institucional, y médicos que operan en zonas grises donde la protección legal es insuficiente. El silencio del Estado sobre este asunto no equivale a respetar la autonomía; en muchos casos, equivale a abandonar a las personas en uno de los momentos más vulnerables de su existencia.
El cuerpo como territorio político
Detrás del debate sobre el derecho a morir hay una discusión más amplia sobre quién tiene autoridad sobre el cuerpo. Es el mismo eje que atraviesa los debates sobre aborto, eutanasia, sedación paliativa y, en otro registro, sobre las condiciones de vida en reclusión o en pobreza extrema. El Estado que decide cuándo nace y cuándo muere una persona está ejerciendo un poder que, si no tiene límites democráticos claros, puede volverse arbitrario.
No se trata de un argumento antiestatal. Las instituciones públicas tienen un rol insustituible en garantizar que las decisiones sobre el final de la vida se tomen en condiciones de libertad real, sin presiones económicas, sin abandono médico y sin violencia. Pero ese rol protector no puede confundirse con tutelaje absoluto. La diferencia entre proteger y controlar es, precisamente, uno de los límites que definen a un Estado democrático.
La dignidad como concepto jurídico y político
Uno de los argumentos más sólidos en favor de reconocer legalmente el derecho a morir es el principio de dignidad humana, que no solo aplica a las condiciones de vida sino también a las condiciones de muerte. Morir con dolor innecesario, sin autonomía y sin que la voluntad personal sea reconocida por el sistema no es una muerte digna en ningún sentido sustantivo del término. Y los sistemas jurídicos que invocan la dignidad como valor fundante tienen, por coherencia, que tomarse en serio sus implicaciones más difíciles.
La Corte Constitucional de Colombia fue pionera en América Latina al despenalizar el homicidio por piedad en 1997 y en ordenar la regulación de la eutanasia décadas después. El proceso fue largo, tenso y contestado. Pero ilustra que las instituciones pueden procesar estos debates sin que el resultado sea el caos. Lo que se necesita no es unanimidad moral, sino voluntad institucional para construir reglas claras sobre un tema que, de todas formas, ya ocurre en la práctica.
Una pregunta que el poder prefiere diferir
Hay razones por las que los sistemas políticos evitan este debate. Algunas son comprensibles: la complejidad ética es real, los riesgos de abuso existen y el consenso social es difícil de construir. Pero otras razones tienen más que ver con el cálculo político que con la prudencia institucional. Legislar sobre el final de la vida genera costos electorales, incomoda a sectores con influencia pública y obliga a tomar posiciones en terrenos donde la ambigüedad es más cómoda.
El problema es que diferir indefinidamente no equivale a no decidir. Es, en los hechos, una decisión: la de mantener el statu quo, con todo lo que eso implica para quienes viven, y mueren, bajo sus consecuencias. Cuando el Estado guarda silencio sobre el derecho a morir, no está siendo neutral. Está eligiendo un bando, aunque no lo diga.
La reflexión que abre Ayala en su columna apunta a algo que las instituciones mexicanas tendrán que responder tarde o temprano: si la vida es un derecho, y si la autonomía personal es un valor constitucional, entonces la pregunta sobre si podemos elegir cómo y cuándo terminar esa vida no puede seguir esperando respuesta indefinidamente. No como pregunta retórica, sino como asunto de política pública real.
