La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró una nueva central eléctrica en Mexicali, Baja California, y aprovechó el acto para fijar una meta concreta: que la CFE generación eléctrica alcance el 60% de la producción nacional. El anuncio no es solo una cifra técnica. Es una declaración de política energética que define con claridad el modelo que su gobierno quiere consolidar y que implica decisiones institucionales, presupuestales y regulatorias de largo alcance.
En un sector donde cada punto porcentual de participación estatal representa miles de millones de pesos en inversión, contratos, infraestructura y empleo, la meta planteada por Sheinbaum reactiva un debate que lleva años abierto en México: cuánto debe controlar el Estado en la generación de electricidad, con qué consecuencias para los usuarios, la industria y el sistema eléctrico nacional. Mexicali, en este contexto, no es solo el escenario de una inauguración. Es el primer punto físico de una estrategia que busca mostrar avance tangible.
Una central en la frontera, una señal hacia adentro
Baja California tiene una posición particular en el mapa energético del país. Su condición fronteriza con Estados Unidos le da una dinámica de demanda eléctrica distinta al resto del territorio nacional: mayor integración con el mercado californiano, patrones de consumo industrial intensivos y una infraestructura que ha dependido históricamente de una mezcla entre generación propia y compras al exterior. Inaugurar una central en Mexicali tiene, por tanto, una lectura operativa concreta, más allá del simbolismo político.
La decisión apunta también a demostrar que el gobierno federal puede ejecutar obra pública en energía sin depender exclusivamente del sector privado. En los últimos años, la narrativa oficial ha sostenido que la Comisión Federal de Electricidad debe ser el eje vertebrador del sistema eléctrico. Esta inauguración es, en ese marco, evidencia física de esa dirección.
La meta del 60% y lo que implica alcanzarla
Fijar el 60% como objetivo de participación de la CFE en la generación nacional no es un número arbitrario. Refleja una posición política clara: el Estado debe tener mayoría en el sector. Pero alcanzar esa cifra desde los niveles actuales —donde la participación privada ha crecido sostenidamente durante la última década— requiere más que inauguraciones puntuales. Implica un ritmo de inversión sostenido, capacidad de ejecución institucional y un marco regulatorio que no genere fricciones jurídicas costosas.
El movimiento puede leerse también como una respuesta a las tensiones que generó la reforma eléctrica frustrada del sexenio anterior. Aunque esa reforma no prosperó en el Congreso, el objetivo de fondo —fortalecer a la CFE frente al sector privado— no desapareció. Sheinbaum lo retoma con un instrumento diferente: no la vía legislativa, sino la inversión directa en infraestructura.
La pregunta que abre esta decisión no es si el Estado debe participar en la generación eléctrica —eso está fuera de discusión— sino si la CFE tiene la capacidad técnica, financiera y gerencial para asumir ese rol de manera eficiente, sin que el aumento en su participación derive en tarifas más altas, mayor deuda pública o menor confiabilidad del sistema.
El peso institucional de la CFE como instrumento de política pública
La Comisión Federal de Electricidad es, por su tamaño y función, una de las instituciones más complejas del Estado mexicano. Opera en toda la cadena de valor eléctrica: genera, transmite, distribuye y comercializa energía. Tiene presencia en todos los estados, emplea a decenas de miles de trabajadores y atiende a millones de usuarios residenciales, industriales y comerciales. Usarla como palanca de política energética es, al mismo tiempo, una fortaleza y un riesgo.
La fortaleza es obvia: ninguna entidad privada tiene la escala, el alcance territorial ni el mandato público que tiene la CFE. El riesgo también es conocido: las empresas públicas de gran tamaño tienden a acumular ineficiencias estructurales cuando su expansión no va acompañada de gobernanza sólida, transparencia en el gasto y rendición de cuentas sobre resultados. La meta del 60% solo tiene sentido si viene acompañada de indicadores claros sobre costos, calidad del servicio y sostenibilidad financiera.
Energía, inversión privada y la señal que recibe el mercado
El anuncio de Sheinbaum ocurre en un momento en que México está negociando inversiones en manufactura, semiconductores y cadenas de suministro vinculadas al nearshoring. La energía es uno de los factores más sensibles para esas inversiones: las empresas que instalan plantas industriales de escala necesitan certeza sobre el suministro eléctrico, los costos y la confiabilidad de la red.
En ese contexto, la señal que emite el gobierno con esta meta tiene una lectura doble. Por un lado, muestra voluntad de invertir en infraestructura eléctrica, lo cual es positivo. Por otro, la preferencia explícita por la CFE como generador dominante puede generar incertidumbre entre inversionistas privados en energías renovables que habían apostado por el mercado mexicano bajo esquemas de competencia. La información disponible permite observar que el gobierno es consciente de esta tensión, pero todavía no ha articulado con precisión cómo conciliará ambos objetivos.
Mexicali como punto de partida de un discurso energético más amplio
Las inauguraciones de infraestructura tienen siempre una función política específica: marcan el inicio de una narrativa, instalan una imagen de gobierno que actúa y fijan compromisos públicos verificables. Sheinbaum eligió Mexicali para enviar un mensaje sobre energía que va más allá de una sola central. La meta del 60% convierte esta inauguración en el inicio de una promesa medible.
Lo que sigue importa tanto como lo que se anunció. La credibilidad de esa meta dependerá de si las siguientes inauguraciones llegan en el plazo previsto, de si la CFE logra financiar su expansión sin comprometer su salud financiera y de si el sistema eléctrico nacional mejora su confiabilidad para los usuarios. En política energética, los anuncios se validan en el tiempo, no en el acto inaugural.
El poder no se mide solo por lo que inaugura. Se mide, sobre todo, por lo que sostiene. Y en materia energética, México aún tiene mucho por demostrar.
