La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una discusión nacional sobre el impacto del uso de teléfonos celulares en niñas, niños y adolescentes. El llamado, lanzado en el contexto de una preocupación creciente por los efectos de las pantallas y las redes sociales en el desarrollo infantil, coloca al Estado mexicano frente a una tensión que no es nueva, pero que pocas veces ha recibido atención institucional de este nivel. La iniciativa abre un debate que toca al mismo tiempo la salud pública, los derechos de la infancia, la responsabilidad de las plataformas tecnológicas y los límites de la intervención gubernamental en la vida familiar.
Que una jefa de gobierno federal invite a debatir este tema no es un gesto menor. Implica reconocer que el uso de dispositivos digitales por parte de menores constituye ya un asunto de política pública, no solo un problema doméstico. La pregunta de fondo no es si los celulares son dañinos en abstracto, sino cómo el Estado, las familias, las escuelas y las propias industrias tecnológicas deben responder ante evidencia acumulada sobre sus efectos en la salud mental, la atención y el desarrollo social de los más jóvenes.
Un debate que ya ocurre en otros países
México no es el primero en enfrentar esta discusión. En los últimos años, varios países han adoptado medidas concretas: Francia prohibió los teléfonos inteligentes en escuelas primarias y secundarias desde 2018 y ha endurecido esas restricciones en años recientes. Australia aprobó en 2024 una legislación que prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 16 años. En Estados Unidos, decenas de estados han impulsado proyectos similares, empujados por reportes que documentan el alza en tasas de ansiedad y depresión entre adolescentes coincidente con la expansión del uso de smartphones.
El movimiento político detrás de estas decisiones no responde a una sola ideología. Gobiernos de derecha y de izquierda han tomado medidas parecidas, lo que sugiere que la preocupación trasciende las divisiones partidistas habituales. En ese sentido, la convocatoria de Sheinbaum se inscribe en una conversación global sobre cómo regular una tecnología cuya velocidad de adopción superó por mucho la capacidad de los sistemas de salud y educativos para adaptarse.
Lo que se sabe sobre el impacto en la infancia
La evidencia científica acumulada en la última década es motivo legítimo de atención. Investigadores en psicología del desarrollo han documentado asociaciones entre el uso intensivo de redes sociales y el aumento de problemas de salud mental en adolescentes, con efectos que parecen más pronunciados en niñas. El diseño deliberadamente adictivo de muchas plataformas, orientado a maximizar el tiempo de uso, complica aún más el panorama.
Sin embargo, el debate académico no está cerrado. Hay investigadores que cuestionan la causalidad directa entre pantallas y daño psicológico, y señalan que otros factores sociales y económicos pesan tanto o más. Esta ambigüedad no invalida la preocupación pública, pero obliga a cualquier política que emerja del debate a sustentarse en datos, no solo en alarma social. La invitación a una discusión nacional, si se hace con rigor, puede ser una vía para construir consensos informados antes de legislar.
El Estado frente a las plataformas tecnológicas
Uno de los núcleos más complejos de este debate es la relación entre los gobiernos y las grandes empresas tecnológicas. Meta, TikTok, Google y otras compañías operan con una lógica de negocio que depende del enganche de usuarios, incluidos los más jóvenes. Regular ese modelo desde un Estado nacional es difícil: las plataformas son transnacionales, sus servidores están fuera del país y su poder de lobby es considerable.
Aun así, algunos países han logrado imponer condiciones. El Reino Unido aprobó en 2023 una ley de seguridad en línea que obliga a las plataformas a implementar medidas de protección para menores, bajo amenaza de multas significativas. La clave ha sido construir marcos regulatorios que no dependan de la buena voluntad corporativa. El caso mexicano tendrá que resolver si la discusión nacional derivará en iniciativas legales con dientes, o si quedará en el terreno de las recomendaciones sin consecuencias.
Entre la familia, la escuela y la política pública
La discusión sobre celulares y menores de edad también toca un punto delicado: el papel del Estado en decisiones que muchos padres y madres consideran parte de su autonomía familiar. Decidir cuándo y cómo un hijo accede a un teléfono inteligente es, para muchas familias, una decisión privada. Cualquier política pública en este campo deberá navegar esa tensión con cuidado.
La escuela es, en ese sentido, el espacio más natural para intervenir sin invadir el ámbito doméstico. Varias iniciativas en México ya han explorado la restricción del uso de celulares en aulas, con resultados mixtos y escasa evaluación sistemática. Una discusión nacional podría ordenar ese paisaje disperso, identificar qué funciona y establecer criterios comunes que hoy no existen.
También está la dimensión de acceso. En un país con altas tasas de desigualdad digital, el celular es para muchos menores el único dispositivo de conexión a internet, a plataformas educativas y a redes de comunicación familiar. Cualquier restricción que no tome en cuenta esa realidad puede terminar agravando brechas que ya son profundas.
Una convocatoria que vale la pena tomar en serio
El valor real de la iniciativa de Sheinbaum dependerá de cómo se articule el proceso. Una discusión nacional puede ser un ejercicio genuino de construcción de política pública: con participación de expertos en salud, educadores, familias, representantes de la sociedad civil y, eventualmente, reguladores. O puede quedarse en una declaración de intención sin estructura ni seguimiento.
La diferencia entre ambos escenarios no es retórica. Es institucional. México tiene pendiente construir una política de infancia digital que sea coherente, con base en evidencia y con capacidad de implementación real. La convocatoria presidencial es una señal de que el tema existe en la agenda. Lo que viene después dirá si esa señal se convierte en algo más concreto.
El debate sobre los efectos de los celulares en menores no tiene respuestas fáciles. Pero sí tiene una urgencia real. Lo que esté en juego no es solo la tecnología, sino el tipo de infancia que una sociedad decide proteger, y con qué herramientas el Estado está dispuesto a hacerlo.
