Ejercer la paternidad responsable es ya un reto en cualquier ámbito de la vida privada. Hacerlo desde el servicio público añade una capa de complejidad que pocas veces se discute con la seriedad que merece. Cuando quienes toman decisiones colectivas no han resuelto sus propias obligaciones parentales, la distancia entre el discurso institucional y la práctica cotidiana se vuelve difícil de ignorar. El columnista Oscar del Río Serrano aborda precisamente esa tensión en su texto publicado en El Universal: la de los funcionarios que gestionan presupuestos, políticas sociales y legislación familiar sin haber construido, en su propia vida, los compromisos que esas normas exigen a los demás.
El tema importa porque no se trata solo de una contradicción moral. Se trata de una inconsistencia institucional que afecta la credibilidad de quienes legislan o ejecutan políticas sobre familia, infancia, género y bienestar. Un Estado que exige corresponsabilidad parental a sus ciudadanos, pero que no genera las condiciones para que sus propios servidores la ejerzan, ni tampoco selecciona a sus cuadros con ese criterio en mente, tiene un problema de coherencia que va más allá de lo simbólico.
El servidor público ante sus obligaciones privadas
Existe una tendencia extendida a separar la vida privada del ejercicio público. Es una separación razonable en muchos terrenos: la vida íntima de una persona no define necesariamente su capacidad para gestionar lo público. Pero cuando las responsabilidades privadas son de naturaleza jurídica y social, como lo es la paternidad, la separación se vuelve más porosa de lo que suele admitirse.
La paternidad responsable no es una virtud personal opcional. En México, como en la mayoría de los sistemas jurídicos latinoamericanos, es una obligación legal con consecuencias concretas: pensiones alimenticias, custodia, convivencia, desarrollo integral de los hijos. Cuando un funcionario incumple esas obligaciones, no solo afecta a su familia. Manda una señal sobre el tipo de compromisos que el aparato del Estado está dispuesto a tolerar en sus propias filas.
La política familiar y quiénes la diseñan
México ha avanzado, con desigual velocidad, en la construcción de un marco normativo que reconoce los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay legislación federal, hay mecanismos de protección, hay tribunales especializados. Lo que no siempre hay es correspondencia entre quienes diseñan esas políticas y los valores que esas mismas políticas buscan instalar en la sociedad.
El debate sobre paternidad responsable en el servicio público abre una discusión más amplia: ¿qué perfil ético exige el Estado a quienes lo representan? ¿Existe algún mecanismo de evaluación o selección que considere el cumplimiento de obligaciones civiles básicas? La respuesta, en la mayoría de los casos, es no. Los procesos de designación, elección o contratación en el sector público rara vez incorporan ese tipo de criterios, lo que deja un vacío que nadie parece urgido de llenar.
Corresponsabilidad parental: del discurso a la práctica institucional
Uno de los fenómenos más documentados en materia de género y familia en México es la brecha entre el discurso oficial sobre corresponsabilidad y la realidad de millones de hogares donde esa corresponsabilidad no existe. Las madres solas, los juicios de alimentos, las órdenes de convivencia incumplidas: son fenómenos masivos que el Estado atiende con recursos insuficientes y resultados parciales.
Esa brecha se vuelve más visible cuando quienes deben atenderla forman parte, ellos mismos, del problema. No se trata de una acusación generalizada ni de una descalificación política. Se trata de observar que la coherencia institucional tiene un costo cuando falta: erosiona la confianza, debilita el mensaje normativo y convierte las políticas públicas en declaraciones de intención más que en compromisos reales.
Las licencias de paternidad ampliadas, los programas de crianza compartida, los incentivos para que los padres participen activamente en la vida escolar y emocional de sus hijos son instrumentos que varios gobiernos estatales y el federal han impulsado en distintos momentos. Su eficacia depende, en parte, de que quienes los promueven los encarne con cierta coherencia.
Lo que el poder debe a quienes representa
El servicio público implica una relación de representación. Quien ocupa un cargo, electo o designado, no solo administra recursos o promulga leyes: encarna, en alguna medida, los valores que la sociedad quiere ver reflejados en sus instituciones. Eso no convierte a los servidores públicos en seres moralmente superiores ni los obliga a la perfección. Pero sí establece una expectativa razonable de coherencia entre lo que se exige a los ciudadanos y lo que se practica desde el poder.
La paternidad responsable es, en ese sentido, un espejo incómodo. Obliga a preguntarse qué tipo de Estado queremos: uno que legisla hacia afuera sin mirarse hacia adentro, o uno que construye sus normas desde una exigencia que también aplica a quienes lo integran. La respuesta a esa pregunta no está en ningún decreto. Está en decisiones cotidianas, en prioridades presupuestales y en la cultura institucional que se construye o se deja deteriorar con el paso de los años.
Una conversación que el debate público necesita sostener
El texto de Oscar del Río Serrano invita a una reflexión que pocas veces encuentra espacio en la agenda política: la de los costos humanos que genera la ausencia paterna entre quienes ejercen el poder. No es un debate menor ni un tema de nota de color. Es una discusión sobre la coherencia del Estado, sobre la credibilidad de sus políticas sociales y sobre el tipo de ejemplo que las instituciones transmiten, consciente o inconscientemente, a la sociedad que gobiernan.
Sostener esa conversación requiere salir de dos trampas frecuentes: la que privatiza el problema hasta invisibilizarlo, y la que lo politiza hasta convertirlo en arma de descalificación. El punto medio es más difícil, pero más útil: reconocer que el ejercicio del poder no ocurre en un vacío, y que las obligaciones que el Estado construye para sus ciudadanos tienen más peso cuando quienes las construyen también las viven.
