La conversación sobre infraestructura resiliente en México ha ganado terreno en círculos técnicos y académicos, pero rara vez cruza con suficiente peso hacia el debate público. Francisco Javier Moreno Fierros, desde la tribuna del Colegio de Ingenieros Civiles de México, plantea una reflexión que va más allá del trazo de carreteras o la construcción de presas: coloca la resiliencia como categoría central para pensar cómo el país enfrenta sus propias vulnerabilidades estructurales. No es un llamado menor. Es una señal de que el gremio técnico está reclamando un lugar en la conversación sobre el modelo de desarrollo.
La relevancia de este planteamiento no es solo ingenieril. México es un territorio expuesto a una multiplicidad de riesgos: sísmicos, hidrometeorológicos, de degradación urbana y de rezago en mantenimiento. Cuando una pieza de infraestructura colapsa —un puente, un sistema de drenaje, una vía de comunicación— las consecuencias no son abstractas. Son vidas interrumpidas, economías locales fracturadas, comunidades aisladas. La resiliencia infraestructural, en ese sentido, es también una discusión sobre justicia distributiva y sobre la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Un país que construye pero no siempre sostiene
Uno de los problemas más persistentes en la gestión pública de infraestructura en México es la brecha entre construcción y mantenimiento. Los ciclos políticos tienden a premiar la inauguración: el puente nuevo, la carretera abierta, el aeropuerto terminado. Lo que ocurre después —el mantenimiento preventivo, la inspección técnica, la actualización de normas— suele quedar subordinado a presupuestos menguados y a una lógica institucional que no genera titulares.
Esta tensión entre el impulso político por construir y la necesidad técnica de sostener es, en buena medida, el nudo que la visión de resiliencia busca desatar. No se trata de oponer construcción a mantenimiento, sino de entender que una infraestructura que no puede resistir el tiempo, los fenómenos naturales o el uso intensivo no cumple su función social. El llamado técnico, en este caso, tiene implicaciones presupuestales y de gobernanza que el debate político raramente asume con claridad.
Resiliencia como concepto político, no solo técnico
La palabra resiliencia se ha vuelto omnipresente en documentos de planeación, estrategias institucionales y discursos de política pública. Su popularidad, sin embargo, no siempre ha ido acompañada de precisión. En el campo de la infraestructura, el concepto implica algo concreto: la capacidad de un sistema para absorber perturbaciones, adaptarse y continuar funcionando. Eso requiere diseño, inversión, regulación y, sobre todo, decisiones políticas que sostengan prioridades técnicas en el tiempo.
Cuando Moreno Fierros escribe desde el Colegio de Ingenieros Civiles, no lo hace desde la neutralidad decorativa. Lo hace desde una institución que ha visto cómo las decisiones de política pública afectan directamente la calidad, la durabilidad y la seguridad de lo que se construye en México. El hecho de que ese gremio eleve la resiliencia como bandera apunta a una frustración acumulada: la de profesionales que observan cómo los estándares técnicos se negocian bajo presiones políticas, financieras o de tiempo.
El reto del cambio climático sobre la infraestructura existente
México enfrenta una presión adicional que complejiza cualquier diagnóstico sobre infraestructura: el cambio climático está alterando los parámetros con los que fueron diseñadas muchas obras existentes. Las lluvias más intensas, las sequías prolongadas, el aumento de temperatura y los fenómenos extremos más frecuentes ponen a prueba estructuras que fueron calculadas para condiciones distintas. Este desfase entre diseño original y realidad climática actual no es un problema menor ni futuro: es presente.
La discusión sobre infraestructura resiliente adquiere aquí una dimensión urgente. No basta con construir bien hacia adelante si no se actualiza, refuerza o recalifica lo que ya existe. Y ese es un problema de escala enorme en un país con déficit histórico de mantenimiento, con instituciones de inspección limitadas y con un presupuesto público que, en los últimos años, ha enfrentado recortes en áreas de inversión productiva.
El papel de los organismos técnicos en la política pública
Instituciones como el Colegio de Ingenieros Civiles de México tienen un lugar peculiar en el ecosistema institucional del país. No son organismos gubernamentales, pero tampoco son actores puramente privados. Son cuerpos colegiados que acumulan conocimiento técnico especializado y que, en teoría, deberían funcionar como interlocutores permanentes del Estado en materia de obra pública, normatividad y planeación territorial.
La pregunta que abre esta reflexión de Moreno Fierros es si ese papel se está ejerciendo con la influencia que debería tener. En democracias con instituciones técnicas consolidadas, los colegios profesionales participan activamente en la definición de estándares, en la evaluación de megaproyectos y en la supervisión independiente de obras públicas. En México, esa participación existe pero con alcance variable, y frecuentemente queda supeditada a la voluntad política del gobierno en turno.
Normas, presupuesto y voluntad política: el triángulo pendiente
Construir infraestructura resiliente no es solo una aspiración técnica. Requiere tres condiciones simultáneas que rara vez se alinean: normas actualizadas y exigibles, presupuesto suficiente y estable, y voluntad política para sostener prioridades más allá del ciclo electoral. Cuando alguno de estos tres elementos falla, el resultado visible puede tardar años en aparecer, pero cuando aparece —en forma de colapso, inundación o falla estructural— el costo humano y económico es desproporcionado.
La información disponible permite observar que México ha avanzado en algunos de estos frentes —actualización de normas sísmicas tras los terremotos de 2017, por ejemplo— pero que los avances han sido parciales y sectoriales. La visión de largo plazo que reclama la resiliencia infraestructural implica una reforma de fondo en cómo el Estado mexicano planea, financia y supervisa su obra pública. No es un debate técnico cerrado. Es, en esencia, una discusión sobre el modelo de gestión pública.
Lo que subyace al texto de Moreno Fierros —y lo que convierte una columna de opinión técnica en un documento de interés público— es una pregunta de fondo que México no ha terminado de responder: ¿qué tipo de Estado quiere construir su infraestructura, y con qué criterios decide qué dura, qué resiste y qué merece inversión sostenida? La respuesta a esa pregunta no está solo en los planos de los ingenieros. Está en las decisiones presupuestales, en la calidad de las instituciones y en la disposición política de anteponer el largo plazo al ciclo corto del poder.
