El asesinato de Héctor Cuén en Sinaloa sigue siendo, meses después, una de las muertes políticas más enigmáticas del México reciente. Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y figura central de la política sinaloense durante más de dos décadas, fue asesinado en julio de 2024, el mismo día en que un operativo federal terminó con la vida de Ismael «El Mayo» Zambada en Estados Unidos. La coincidencia de fechas convirtió lo que pudo haber sido una investigación ordinaria en un nudo político de difícil desenlace.
Lo que está en juego no es únicamente la resolución de un crimen. Es la credibilidad del Estado para investigar la muerte de un actor político relevante, en un contexto de violencia estructural que en Sinaloa ha alcanzado dimensiones que dificultan cualquier lectura simple. La muerte de Cuén no ocurrió en el vacío: ocurrió en el epicentro de una guerra entre facciones del crimen organizado y en medio de una reconfiguración del poder político en el estado.
Un político con peso propio en un estado fracturado
Héctor Cuén no era un personaje menor. Fundó el partido Fuerza por México, presidió la UAS por años y fue diputado federal. Su influencia en Sinaloa tenía raíces universitarias, partidistas y comunitarias. Era, en el lenguaje llano de la política regional, alguien que sabía negociar con todos los actores que habitaban ese territorio, incluyendo los que no aparecen en los organigramas oficiales.
Esa condición lo hacía, a la vez, poderoso y vulnerable. En estados donde el poder político y el crimen organizado comparten espacios de influencia, las figuras con esa capacidad de interlocución pueden convertirse en objetivo cuando los equilibrios se rompen. Y en Sinaloa, durante 2024, los equilibrios se rompieron con una violencia que el país entero observó con alarma.
La coincidencia que complica la narrativa oficial
El día en que Cuén fue asesinado, las autoridades federales anunciaban la captura en territorio estadounidense de Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa. Esa simultaneidad no pasó desapercibida para nadie. La pregunta que surgió de manera casi inmediata fue si ambos eventos estaban relacionados, si la muerte de Cuén formaba parte de una cadena de consecuencias derivadas de ese operativo o de las tensiones que lo precedieron.
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Las autoridades mexicanas no han ofrecido una respuesta que cierre ese interrogante. La investigación avanzó con lentitud, entre versiones dispersas y una opacidad que, en sí misma, comunica algo: que este caso toca fibras que el Estado no parece dispuesto a exponer del todo. El hecho apunta a que las dificultades para esclarecer el crimen no son solo operativas, sino también políticas.
El silencio institucional como dato en sí mismo
Cuando una investigación sobre el asesinato de un político de perfil nacional no produce resultados visibles, el silencio deja de ser neutral. Se vuelve, por sí mismo, parte del relato. En el caso de Cuén, la falta de explicaciones convincentes ha alimentado versiones paralelas que circulan con fuerza en Sinaloa: algunas señalan a actores del crimen organizado, otras apuntan a disputas internas de poder político, y hay quienes insisten en que ambas dimensiones estaban entrelazadas.
Ninguna de esas versiones ha sido desmentida ni confirmada con evidencia pública. Y esa ambigüedad sostenida tiene un costo real: erosiona la confianza en las instituciones encargadas de investigar, y envía una señal implícita a otros actores políticos sobre los límites de la protección que el Estado puede o quiere ofrecer.
Sinaloa como laboratorio de una crisis más amplia
El caso de Cuén no puede entenderse fuera del contexto de lo que Sinaloa ha vivido desde mediados de 2024. La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa dejó decenas de miles de desplazados, comunidades paralizadas por la violencia y una institucionalidad local al límite. En ese escenario, la investigación de cualquier crimen político enfrenta obstáculos que van más allá de la voluntad de quienes investigan.
Pero reconocer esos obstáculos no equivale a justificar la opacidad. La muerte de un político en funciones exige una respuesta del Estado que sea proporcional a la gravedad del hecho. Lo que la información disponible permite observar es que esa respuesta, hasta ahora, ha sido insuficiente. Y la insuficiencia, en casos de esta naturaleza, no es solo una falla técnica: es también un mensaje sobre qué vidas y qué muertes reciben atención institucional plena.
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Una pregunta sin respuesta que acumula peso político
Preguntar quién mató a Héctor Cuén es, en el fondo, preguntar cómo funciona el poder en Sinaloa. Cómo se distribuye, cómo se disputa, dónde terminan las instituciones formales y dónde comienzan los acuerdos informales que sostienen la gobernabilidad en zonas de alta conflictividad. Esas preguntas no tienen respuestas sencillas, y sería imprudente ofrecer certezas donde no las hay.
Lo que sí puede decirse es que la muerte de Cuén permanece como un expediente abierto en el imaginario político de Sinaloa y del país. Cada semana que pasa sin una explicación convincente refuerza la percepción de que hay partes de este caso que el poder prefiere mantener en penumbra. Y en democracia, esa penumbra tiene un nombre: impunidad.
La pregunta sobre quién mató a Héctor Cuén no es solo una pregunta criminal. Es una pregunta sobre el Estado. Sobre su capacidad y su voluntad de rendir cuentas cuando el crimen toca los bordes del poder político. La respuesta que llegue, o que no llegue, dirá mucho sobre el México que emerge de esta etapa.
