La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una de las cifras más significativas de su gestión en materia de seguridad: una reducción del 48% en los homicidios dolosos en México respecto a un período de referencia anterior. El dato fue destacado por la mandataria como evidencia del avance de su estrategia de seguridad pública, en un contexto en que este indicador ha sido históricamente uno de los más sensibles para medir la efectividad del Estado frente a la violencia organizada.
La relevancia del anuncio va más allá del número en sí. En un país donde la violencia ha marcado la agenda política durante casi dos décadas, cualquier variación significativa en los homicidios dolosos tiene implicaciones directas sobre la percepción ciudadana del gobierno, la credibilidad de las instituciones de seguridad y el debate sobre qué tipo de Estado es capaz de construir paz sostenida. Presentar ese dato como logro es también un acto político que abre preguntas legítimas sobre su alcance, su metodología y su proyección futura.
Una cifra que el gobierno convierte en argumento
En el lenguaje del poder, las estadísticas de seguridad cumplen una función doble: informan y posicionan. Cuando una presidenta destaca públicamente una reducción del 48% en homicidios dolosos, está construyendo un relato sobre la eficacia de su administración, pero también está sometiendo ese relato al escrutinio de organismos independientes, medios de comunicación y organizaciones civiles que rastrean la misma realidad desde otras fuentes.
La información disponible permite observar que el gobierno de Sheinbaum ha apostado por una narrativa de continuidad y profundización respecto a la estrategia heredada del sexenio anterior, combinando presencia territorial de fuerzas federales con programas sociales orientados a reducir los factores de riesgo. Si la cifra presentada refleja con precisión la tendencia real, representaría un avance institucional notable. Si existen brechas entre el dato oficial y la experiencia vivida en comunidades específicas, esa distancia también forma parte del análisis necesario.
Qué miden los homicidios dolosos y qué no miden
El indicador de homicidios dolosos es uno de los más utilizados en criminología comparada porque es relativamente difícil de ocultar: un cuerpo existe, genera registro, obliga al Estado a actuar. Sin embargo, tiene límites importantes. No refleja la totalidad de la violencia: las desapariciones forzadas, la extorsión, el desplazamiento interno y la violencia de género tienen sus propias métricas, y no siempre se mueven en la misma dirección que los homicidios registrados.
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Tampoco dice nada sobre la distribución geográfica de la violencia. Una reducción nacional puede convivir con zonas donde la situación se ha agravado, donde los grupos criminales han consolidado control territorial o donde la población ha dejado de denunciar por desconfianza en las autoridades. El promedio nacional puede esconder realidades regionales que contradicen el dato agregado.
Esta no es una crítica a la cifra presentada por el gobierno, sino una condición inherente a cómo funcionan los indicadores de seguridad. Leerlos con rigor implica reconocer tanto lo que dicen como lo que no alcanzan a decir.
La estrategia de seguridad y su arquitectura institucional
Desde el inicio de su mandato, Sheinbaum ha mantenido activa la Guardia Nacional como pieza central de la respuesta federal a la violencia, al tiempo que ha buscado fortalecer la coordinación con gobiernos estatales en los estados con mayor conflictividad. La política de seguridad se inscribe en una visión que combina el componente coercitivo con intervenciones sociales en territorios prioritarios, una apuesta que tiene antecedentes en la administración anterior y que el gobierno actual ha procurado profundizar.
El hecho apunta a que la reducción en homicidios dolosos, si se sostiene en el tiempo, podría consolidar un argumento a favor de esa arquitectura institucional. Pero la experiencia comparada muestra que las reducciones en violencia letal son frecuentemente volátiles: dependen de acuerdos tácitos entre actores criminales, de presiones externas, de ciclos electorales locales y de la capacidad real del Estado para mantener presencia en territorios disputados. La sostenibilidad de la tendencia es, en ese sentido, tan relevante como el dato puntual.
El debate que abre el anuncio
Presentar una reducción del 48% en homicidios dolosos en un informe de gobierno o en una conferencia presidencial tiene un efecto político inmediato: obliga a los actores de la oposición, a los organismos de derechos humanos y a los especialistas en seguridad a responder. Ese intercambio, cuando se produce con rigor y sin descalificaciones mutuas, es parte del funcionamiento democrático normal.
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Lo que está en juego no es solo si la cifra es correcta o no. Es si el Estado mexicano está construyendo una capacidad institucional real para reducir la violencia de forma estructural, o si los indicadores reflejan fluctuaciones coyunturales que no alteran el fondo del problema. Esa diferencia no la resuelve un solo dato, por favorable que sea. La resuelven años de consistencia, transparencia metodológica y reducción sostenida del daño a las personas.
Lo que el número no puede sustituir
Detrás de cada homicidio doloso hay una persona, una familia y una comunidad que procesa la pérdida de maneras que ningún porcentaje puede capturar. La reducción en el número de muertes violentas es, cuando es real, una buena noticia en términos absolutos. Pero el Estado no solo se mide por cuántos muertos evita: también se mide por si las personas que sobreviven en zonas de conflicto pueden vivir sin miedo, trabajar, moverse, confiar en las instituciones.
El anuncio de Sheinbaum es un hito en el relato oficial de su gobierno. Lo que venga después, tanto en términos de verificación independiente como de continuidad de la tendencia, dirá más sobre la solidez de esa cifra que el propio acto de presentarla. En materia de seguridad, los gobiernos se juzgan menos por sus anuncios que por lo que ocurre en las calles cuando las cámaras se apagan.
