La organización criminal que durante décadas operó bajo una estructura relativamente cohesionada enfrenta hoy su crisis de sucesión más profunda. La disputa por el control del Cártel de Sinaloa, detonada tras la captura de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024, ha derivado en una fragmentación que reconfigura no solo el mapa del narcotráfico mexicano, sino las dinámicas de violencia en al menos seis entidades del país.
Lo que está en juego trasciende la mera redistribución de plazas y rutas. Se trata de la desintegración de un modelo de gobernanza criminal que, paradójicamente, había funcionado como factor de relativa estabilidad en ciertas regiones. La pregunta que emerge no es quién ganará esta guerra intestina, sino qué tipo de violencia heredará México cuando el polvo se asiente.
¿Qué significa la fragmentación para la seguridad nacional?
Durante más de tres décadas, el Cártel de Sinaloa operó bajo lo que algunos analistas denominaron un modelo federativo: distintas facciones con autonomía operativa pero coordinadas en lo estratégico, particularmente en las negociaciones con autoridades y en el mantenimiento de corredores logísticos. La captura de Zambada García —considerado el arquitecto de este equilibrio— eliminó el factor de cohesión que impedía la confrontación abierta entre los herederos del imperio.
La emergencia de cuatro facciones diferenciadas representa un cambio cualitativo en la naturaleza de la amenaza. Ya no se trata de una organización con capacidad de negociación centralizada, sino de grupos en competencia que, para consolidarse, requieren demostrar supremacía territorial mediante la violencia. Este fenómeno, observado previamente tras la fragmentación de los Zetas y del Cártel del Golfo, sugiere un período prolongado de inestabilidad.
Los herederos: entre la sangre y la lealtad
La disputa sucesoria enfrenta lógicas contrapuestas. Por un lado, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán —agrupados en la facción conocida como Los Chapitos— reivindican una legitimidad dinástica que, en la cultura del narcotráfico, tiene peso simbólico considerable. Por otro, quienes fueron leales a Zambada argumentan una legitimidad basada en la continuidad operativa y el respeto a los códigos tradicionales de la organización.
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Esta tensión entre herencia sanguínea y mérito organizacional no es nueva en el crimen organizado mexicano. Lo distintivo del caso sinaloense es la magnitud de los recursos en disputa: se estima que el Cártel de Sinaloa controlaba aproximadamente el 40% del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, además de rutas consolidadas de cocaína, metanfetaminas y mariguana. El botín justifica, desde la lógica criminal, los costos de la guerra.
La dimensión territorial: Sinaloa y más allá
Sería un error circunscribir el conflicto al estado que da nombre a la organización. Las cuatro facciones en disputa mantienen presencia —y por tanto, potencial de confrontación— en Sonora, Durango, Chihuahua, Baja California y Nayarit, además de células operativas en prácticamente todo el territorio nacional. La fragmentación en la cúpula inevitablemente se traduce en fracturas en las estructuras locales, donde mandos medios deben elegir bando o intentar declararse neutrales, opción raramente viable en contextos de guerra.
El gobierno federal enfrenta así un dilema estratégico: la fragmentación del Cártel de Sinaloa podría interpretarse como un debilitamiento del crimen organizado, pero la experiencia histórica indica que la atomización genera más violencia, no menos. Múltiples grupos pequeños compitiendo resultan más letales para la población civil que una organización hegemónica con incentivos para mantener cierto orden.
¿Qué papel juegan las instituciones en este escenario?
La respuesta del Estado mexicano a esta coyuntura será determinante. Hasta ahora, la estrategia de seguridad del gobierno ha priorizado la contención sobre el desmantelamiento, bajo el argumento de que las detenciones de capos generan precisamente el tipo de vacíos de poder que hoy observamos en Sinaloa. Sin embargo, la captura de Zambada —resultado de una operación coordinada con autoridades estadounidenses— reactivó el debate sobre los costos y beneficios de la política de descabezamiento.
Lo que resulta innegable es que las instituciones locales en los estados afectados carecen de capacidad para contener una guerra de esta magnitud. Las policías municipales y estatales de Sinaloa, Sonora o Durango no fueron diseñadas para enfrentar grupos armados con poder de fuego militar. La Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, mientras tanto, operan bajo restricciones legales y políticas que limitan su efectividad en labores de pacificación.
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El horizonte: violencia prolongada sin victoria clara
Los precedentes históricos de fragmentación en organizaciones criminales mexicanas —los Zetas a partir de 2010, el Cártel del Golfo desde 2012, los Caballeros Templarios en 2013— sugieren que estos conflictos no se resuelven con rapidez ni de manera definitiva. Lo más probable es un reacomodo gradual que tardará años en estabilizarse, durante los cuales la violencia se convertirá en el principal mecanismo de negociación entre facciones.
Para la población civil de las regiones afectadas, esto significa vivir bajo el fuego cruzado de grupos que, en su búsqueda de legitimidad interna, no dudarán en recurrir al terror como herramienta de control. La fragmentación del Cártel de Sinaloa no es, en este sentido, una noticia de nota roja: es un acontecimiento con profundas implicaciones para la gobernabilidad democrática y los derechos humanos en una porción significativa del territorio nacional.
El legado que dejaron Guzmán Loera y Zambada García no es únicamente una organización criminal: es un modelo de relación entre poder ilícito y Estado que, en su descomposición, revela tanto las fortalezas como las fragilidades del andamiaje institucional mexicano.
